La instancia técnica en los plenarios de comisiones está agotada. Ahora, los proyectos en busca de una ley de humedales estarán sujetos a una dinámica eminentemente política, en donde es primordial la negociación en busca de consenso.
No obstante, a medida que avanza el calendario y se aproxima el tiempo electoral de 2023, los acuerdos se hacen más difíciles, incluso hacia dentro de los espacios políticos. Además, la votación en comisiones reflejó una amplia resistencia de varias provincias a ambos dictámenes, por lo que -si no hay modificaciones- en el recinto «no va a tender a continuar, con lo cual no tendríamos avance en esta legislación», evaluó Manuel Chiappe, director general de Fundación Barbechando.
El jueves 10 de noviembre, luego de meses de debate que desembocaron en la reducción de los 9 proyectos iniciales que ingresaron a la Cámara de Diputados a 2, uno del oficialismo (Frente de Todos) y otro de la oposición (Juntos por el Cambio), finalmente se emitió un dictamen de mayoría para el texto opositor y otro en minoría para el que impulsan el gobierno nacional y sus aliados.
«Muchas provincias con humedales o mineras, a las cuales «cualquiera de los dos dictámenes les pega de lleno en la línea de flotación, se opusieron o votaron en disidencia ambos dictámenes», indicó Chiappe. En esa lista se encuentran Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes y mineras como Jujuy, Salta, Chubut, Mendoza, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan.
Chiappe indicó que se»están empezando a valorar la defensa de sus provincias y de sus habitantes, como debe ser, buscando leyes equilibradas; y estas votaciones en disidencia nos dicen que estos dictámenes no son 100% equilibrados en el desarrollo sostenible y nos levantan una señal de alarma que debemos escuchar».
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