El juez Contencioso Administrativo de Azul, Pablo Gabriel Quaranta, le dio parcialmente la razón a más de 190 productores de esa localidad bonaerense que habían presentado una demanda colectiva para frenar una tasa de “servicios esenciales” aprobada en el Concejo Deliberante local. También acudió a la Justicia la Sociedad Rural local. El magistrado resolvió que se pague el 50% de lo dispuesto en las cuotas por la Municipalidad hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión: la inconstitucionalidad de la tasa. Distintas estimaciones daban cuenta que el Poder Ejecutivo local pretendía el cobro de unos $2000 millones.
En diciembre pasado, ese cuerpo aprobó el pago mensual de una tasa llamada de servicios esenciales equivalente de hasta un litro de gasoil por hectárea a los productores. En tanto, quedó en dos litros por ejemplo para comercios.
Hace unas semanas, 190 productores, con el paraguas de la Rural local, fueron a la Justicia cuestionando la constitucionalidad y exigiendo que no se cobre o intime por la misma . Ahora el magistrado que tomó el caso ordenó que se pague el 50%.
Al respecto, dispuso “hacer lugar parcialmente a la medida cautelar peticionada en cuanto a los inmuebles rurales de propiedad de los sujetos actores identificados en el punto 1 precedente, en tanto se encuentren contemplados en los incisos c, d y e del art. 4 de la ordenanza impositiva 4910/2023, disponiendo que, a partir de las sucesivas emisiones de boletas y hasta tanto se dirima el fondo, la Municipalidad de Azul liquide la tasa por servicios esenciales, para cada uno de los períodos, morigerada en un cincuenta por ciento (50%), de acuerdo a los fundamentos esgrimidos en los considerandos de la presente (conf. art. 22, sstes. y cctes. del CPCA)”. (Fuente: La Nación)
En los días previos dialogamos con Facundo Soler, secretario de la Sociedad Rural de Azul: